A raíz de esta agresión la menor -de 13 años al momento de los hechos- quedó embarazada. Fiscalía logró condena pese a que durante la investigación víctimas presentaron signos de retractación. A nivel regional, la Fiscalía alcanzó en 2015 una tasa de judicialización de un 45,4% en delitos sexuales, entre las más altas del país para este tipo de ilícitos.
A la pena privativa de libertad de 10 años fue condenado un sujeto por la violación de su hija, la cual al momento de los hechos tenía sólo 13 años de edad. La sentencia de este caso, cuya investigación fue dirigida por el fiscal Jaime Sáez Leal, fue dada a conocer hoy por el Tribunal Oral en lo Penal de Osorno. En relación a la participación del mismo acusado en un delito de abuso sexual cometido en contra de otra de sus hijas, se determinó la absolución.
Pese a que las víctimas durante el proceso mostraron signos de retractación, la Fiscalía siguió adelante con la investigación, llevando este caso al juicio oral en el que se obtuvo veredicto condenatorio por el delito de violación respecto de una de ellas. Así es como el representante del Ministerio Público acreditó a través de la prueba presentada ante el tribunal que la agresión sexual se produjo a fines del año 2009, cuando la menor se encontraba bajo el cuidado del acusado en un domicilio ubicado en Villa Panorámica de la ciudad de Osorno. Al respecto el fallo indica que “hay prueba suficiente y certera respecto a la ocurrencia del hecho y de la participación del acusado en el mismo”.
Indica la sentencia que el sentenciado –y una vez cumplida la pena privativa de libertad- quedará sujeto a la vigilancia de la autoridad durante los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal, debiendo informar el condenado a Carabineros cada tres meses su domicilio una vez que recupere su libertad.
La persecución penal de los delitos sexuales es uno de los principales énfasis que ha impuesto el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow, logrando duplicar la judicialización de causas desde el año 2012 a la fecha, alcanzando el año 2015 a un 45,4%, lo que ubica a la región entre las tres con mayores resultados en este tipo de ilícitos. Al respecto, y tal como lo señaló la autoridad regional del Ministerio Público en su reciente cuenta pública, esto “no fue obra del azar, sino que responde principalmente a criterios de actuación que buscan una mayor eficiencia tanto a nivel investigativo como en la protección de las víctimas”. En la oportunidad indicó que “alcanzar estos resultados no es fácil. No debemos olvidar que la prueba en estos delitos es extraordinariamente compleja, debido a que en su mayoría ocurren al interior de la familia y muchas veces ni siquiera se cuenta con un completo relato del hecho, ni señales físicas o evidencia, ni mucho menos con testimonios directos, a lo que se suma siempre el riesgo de la retractación”.
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