Mucho se habla de lo que se escribió en la propuesta de nueva Constitución, pero poco desde una perspectiva no apasionada, con evidencia, sin caer en slogans. Para nadie es un misterio que la crisis hídrica nos ha hecho ver la necesidad de regular el acceso y abastecimiento de agua.
Estudios como el de “escenarios hídricos”, de la Fundación Chile en 2019 o el primer informe de la Mesa Nacional del Agua del Ministerio de Obras Públicas de 2020, confirman que es necesario poner en regla el acceso al agua en el país.
La Teoría Económica nos dice que la mejor forma de asignar un recurso escaso es a través del mercado, a no ser que existan fallas como monopolios naturales, selección adversa, externalidades positivas o negativas, la presencia de bienes públicos, entre otras. En estos casos es necesario que una entidad pública tenga las atribuciones para regular el acceso para realizar una gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca.
Al ser definida el agua como un bien nacional de uso público para consumo humano, doméstico y saneamiento, pero con la necesidad de que el recurso asegure un caudal mínimo ecológico de ríos y usos comunitarios ancestrales, y que, posteriormente, pueda ser utilizado para otros usos, como comerciales e industriales, las misiones del organismo público encargado del agua serán varias.
Entre los retos prioritarios estarán la construcción de una instancia de análisis y conocimiento de los problemas de agua de la cuenca; coordinar las iniciativas orientadas a la materialización de las soluciones a dichos problemas, entre otros, pero también debiera atender temas que requieren soluciones urgentes e integrales en las cuencas, como el manejo de las externalidades generadas por cambios tecnológicos, del uso conjunto de aguas subterráneas y superficiales, por mencionar algunas.
En este escenario, ¿los Consejos de Cuenca o la Agencia Nacional del Agua que propone la propuesta de nueva Constitución pueden cumplir este rol?, o ¿puede convertirse en un organismo burocrático que muchas veces ejecuta decisiones que atentan contra la equidad en la distribución del agua, como vemos cuando un funcionario favorece a ciertos usuarios por sobre otros? La respuesta a ambas preguntas es sí.
¿De qué dependerá que se convierta en un organismo eficiente o no? La propuesta de nueva Constitución señala que “la ley regulará las atribuciones, el funcionamiento y la composición de los consejos de cuenca. Estos deben integrarse, a lo menos, por los titulares de autorizaciones de uso de agua, la sociedad civil y las entidades territoriales con presencia en la respectiva cuenca, velando que ningún actor pueda alcanzar el control por sí solo”.
Entonces, dependerá precisamente de todos nosotros, como sociedad, que, en la ley y en los mecanismos de supervisión, se diseñe un sistema apropiado, riguroso y técnico, que busque el bien común.
Álvaro Reyes Duarte
Director Nacional de Escuela de Agronomía
Universidad Santo Tomás
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