La pandemia ha generado una serie de negativas consecuencias para el país, evidenciándose claros impactos en el desarrollo económico, en la ejecución de políticas públicas y en lo que respecta a la congruencia de las decisiones políticas. Estos problemas no son los únicos que han emergido, también se han materializado una serie de efectos que han llegado a condicionar el respeto y la protección a los derechos humanos. Esto es así, ya que algunas de las decisiones que las autoridades políticas han adoptado -y que en algunos casos han sido amparadas en una interpretación excesiva de las atribuciones que le ofrece el estado de catástrofe- han carecido no sólo de transparencia, sino también de una adecuada ponderación respecto al carácter obligatorio e inviolable que tienen los derechos humanos.

A modo de ejemplo, y para el caso en cuestión, la premisa enunciada se expresa en aquellas medidas que han amenazado o condicionado el goce efectivo del derecho a la salud, el trabajo y la seguridad social, entre otros, y que se pueden ejemplificar con la suspensión de las prestaciones GES, la decisión de no implementar un test de salida a las personas contagiadas con el COVID-19 como condición de alta efectiva, la exigencia de regularización del status migratorio que algunos hospitales han realizado a la hora de atender a extranjeros, el llamado que hizo el gobierno para que los servidores y funcionarios públicos retomen paulatinamente al trabajo, la postura de la Inspección del Trabajo que legitimaba las suspensión de las obligaciones laborales, las medidas que condicionan la jubilación, la tardanza en la repatriación de los nacionales, entre otros.

Ante esto, y sabiéndose que la pandemia ha significado un altísimo costo económico para el país, el gobierno se ha mostrado imprudente al querer implementar medidas que parecieran buscar una forzada reactivación económica sin considerar a plenitud las obligaciones nacionales e internacionales a las que el Estado se ha comprometido a promover y respetar y que están asociadas al disfrute efectivo de los derechos humanos. Al respecto, y atendiendo a que los efectos de la lucha contra la propagación del virus se perciben de manera más gravosa en los sectores más desposeídos, es que se requiere que las medidas que adopte el gobierno sean ponderadas de forma integral a fin de evitar la discriminación indirecta que hoy se aprecia.

Así entonces, resulta injustificable que la lucha contra la pandemia se haga a costa de la dignidad y del goce y el ejercicio de los derechos humanos, premisa que debe impregnar el futuro de las decisiones que adopte el gobierno.

 

Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública

Universidad Austral de Chile

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