La Corte de Apelaciones de Puerto Montt acogió el pasado jueves 19 de mayo– el recurso de protección presentado por la Asociación de la Industria del Salmón, SalmonChile A.G., en contra del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y de Pedro Bahamondez Barría y Juan Carlos Gallardo Gallardo, gobernadores de Chiloé y Llanquihue, respectivamente.
En la resolución (causa rol 936-2016), la Primera Sala del tribunal de alzada –integrada por los ministros Teresa Mora Torres, Jorge Ebensperger Brito y el abogado (i) Pedro Campos Latorre– dio lugar a la acción judicial interpuesta por el gerente de SalmonChile, Felipe Manterola Gana, por los efectos que las tomas de carreteras y accesos a la Isla de Chiloé estarían provocando en empresas salmoneras, cuyos trabajadores no han podido ingresar a los centros de crianza y engorda en la comuna de Quellón, para alimentar o suministrar fármacos o proceder al traslado a los peces a plantas de procesamiento, de acuerdo a la Ley de Pesca que rige a la industria.
Ley de Pesca que, según el recurrente, además obliga a retirar los especímenes muertos de dichas instalaciones, faenas que no se han podido realizar porque “los pescadores impiden el acceso de las naves que llevan a los trabajadores a bordo de los viveros para atender a los peces; se impide el acceso a las rampas del puerto de Quellón, para poder utilizar las naves con el objeto de cosechar los peces o de trasladarlos a otros lugares (…) no se puede realizar el retiro de mortalidad y, en general, se impide la ejecución de cualquier acto relacionado con la acuicultura, y en particular, con los viveros”.
El tribunal de alzada, junto con acoger el recurso, dio un plazo de cinco días a los recurridos para que evacuen informes sobre la mate
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