Por María Isabel Robles

¿Cómo te sentirías si siendo adulto otro decidiera por ti cuestiones tan personales como dónde vivir o si puedes casarte o si debes votar en el próximo plebiscito de entrada? Seguramente, la pregunta te resulte absurda, porque algo así suena aberrante, imposible, pero sucede que para muchas personas adultas con discapacidad intelectual esa situación es real, mediante un proceso judicial llamado “interdicción”.

Los trastornos mentales son muy estigmatizadores. En nuestra residencia protegida en Castro, que acoge solo a 12 personas con discapacidad síquica, intentamos que las personas puedan encontrar un trabajo, vincularse a nivel de pareja, postular a una vivienda, volver a ser sujetos de derecho. Pero parte importante de nuestra legislación aún se refiere a ellos como “locos”, “dementes”, “enfermos”, términos discriminatorios y peyorativos. Que no cumplen con lo ratificado en 2008 al firmar la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y que señala que el país debe “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad, conforme a su dignidad”.

El Proyecto de Ley “Todos Capaces” que está siendo tramitado en el Congreso Nacional desde el año pasado, propone un cambio radical creando un sistema de apoyos y salvaguardas que garantizan la autonomia y libertad para que estos adultos decidan sobre su propia vida.  Por eso, como Hogar de Cristo nos sumamos a la campaña “Yo tengo el poder”, que busca sensibilizar a todos frente al tema y recolectar 5 mil firmas de personas con discapacidad intelectual para una carta dirigida al Presidente de la República, Sebastián Piñera, la que se entregará en un acto final en La Moneda el próximo martes 28 de enero. Que sean esas 5 mil personas las que exijan y asuman el poder que tienen y nadie les debe quitar.

 

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