La discusión relativa al aumento del salario mínimo ha generado un debate respecto a las reales posibilidades que tiene nuestra economía a la hora de asimilar los potenciales efectos que esta alza provocaría. Así, mientras desde la oposición se plantea la necesidad de aumentar considerablemente estos montos en virtud de obligar al gobierno a asumir los costos de los indicadores macroeconómicos que ellos mismos presentan, desde La Moneda se habla de la necesidad de instaurar un aumento responsable que permita defender el empleo y el crecimiento del país en tiempos en los que recién se va saliendo de una crisis internacional.
Independiente a calificar qué opción es la mejor para nuestro país, planteo estas líneas como críticas respecto al pésimo trabajo que han hecho tanto la CUT, la oposición, y el actual gobierno a la hora de manejar y transparentar el tema del salario mínimo como factor de bienestar social y como principal herramienta a la hora de erradicar la pobreza.
A saber: la actual posición presentada por el gobierno respecto al salario mínimo establece que éste quedaría en $286.000 mensuales a partir de agosto del presente año, aumentando en $10.000 respecto al salario actual. La propuesta establece aumentar a $300.000 en marzo del 2019 para luego tener un reajuste del 2% más el IPC en el 2020. Por su parte, la CUT –y parte de la oposición– estableció que el monto de base de la discusión debieran ser los $420.000 mensuales, estimación que evidenciaría una remuneración que acerca al trabajador a la merecida dignidad.
Al respecto, es importante transparentar los argumentos que han tenido en el tiempo los actores en cuestión. Por una parte, y a mi entender, la CUT dejó de ser una entidad legítima a la hora de luchar por los derechos de los trabajadores. Lo anterior, en función de haberse convertido –en el gobierno anterior– en un instrumento político del Partido Comunista y –a partir de los acuerdos electorales– del gobierno de La Nueva Mayoría. Esto lo puedo refrendar en hechos y datos objetivos. En el segundo gobierno de Bachelet la CUT apoyó un miserable aumento de $28.000, aumento que debía materializarse en un total de 18 meses desde que se logró el acuerdo, posición muy lejana a la actitud con la que defiende su actual pretensión de aumentar en forma inmediata el salario mínimo en $134.000 a fin de llegar a los $420.000 mensuales. Por otro lado, la actual oposición olvida estos $28.000 totales a la hora de esgrimir sus críticas al actual gobierno. A su vez, el gobierno de Piñera instrumentaliza su discurso relativo a la comparación de los indicadores macroeconómicos respecto al gobierno anterior, señalando en, algunos casos, que hay claros avances que permiten plasmar una confianza sostenida en el tiempo respecto a lo que será el crecimiento económico del país y, por otro, señala que la deuda fiscal que recibió del gobierno anterior lo obliga a hacer responsable en sus decisiones.
Ante esto, es necesario que –de una vez por todas– los distintos gobiernos asuman como una premisa los postulados emanados desde la OIT –y que Chile ha ratificado– respecto a que el salario mínimo debe ser una política que ayude a eliminar la pobreza y ayude a asegurar la satisfacción de necesidades de todos los trabajadores y de sus familias. En la actualidad, el objetivo de la OIT se pierde en la práctica a partir que el monto del ingreso mínimo se establece por ley, por lo que está sujeto a una negociación del gobierno con distintos actores en aras de llegar a un acuerdo político en esta materia, perdiéndose del foco de la discusión lo que realmente importa: la dignidad de los trabajadores.
Pedro Díaz Polanco
Director de la Escuela de Administración Pública
Universidad Austral de Chile
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