Sala Cuna: ¿política social o política económica?

Durante mucho tiempo hemos mirado la discusión de Sala Cuna Universal principalmente como una política social, vinculada al cuidado, a la corresponsabilidad y también a una mayor igualdad entre hombres y mujeres en el mercado laboral. Todo eso es cierto, pero quizás hoy, con una economía que sigue mostrando dificultades para crecer y especialmente para generar empleo, vale la pena hacerse otra pregunta: ¿puede una política de cuidados transformarse también en una herramienta económica y de empleo?

La pregunta no es menor, el último IMACEC disponible, correspondiente a julio, cayó 1,5% respecto del mismo mes del año anterior y 1,7% frente al mes precedente en términos desestacionalizados. El desempleo nacional se encuentra en 9,5% y en Biobío alcanza 10,6%, además, durante el último año se han perdido más de 19 mil empleos y la informalidad llegó a 27,6%, cifras que muestran una economía que todavía tiene dificultades importantes para generar nuevos puestos de trabajo.

Es justamente en ese escenario donde la discusión sobre Sala Cuna Universal adquiere, a mi juicio, una dimensión distinta, ya que hoy nuestra legislación establece la obligación de disponer de sala cuna para aquellas empresas que ocupan veinte o más trabajadoras, transformando, una norma creada originalmente para proteger y apoyar a las mujeres, en un incentivo no deseado; asociar un costo adicional precisamente a su objetivo central que es incentivar su contratación. El proyecto que hoy se discute busca modificar esa lógica, eliminando ese umbral y ampliando el derecho a trabajadores, trabajadoras y otros grupos que actualmente no se encuentran cubiertos.

Y aquí aparece algo interesante desde las políticas públicas, no estamos frente a un subsidio tradicional ni tampoco solamente frente a la entrega de un beneficio de protección para un niño o niña, dependiendo de la situación laboral de los padres, estamos frente a  la intervención del estado sobre una barrera que existe en el mercado laboral y está tratando de cambiar los incentivos que enfrentan tanto las familias como quienes contratan.

Por una parte, existe un problema de oferta laboral, ya que hay personas que podrían querer trabajar, pero para quienes hacerlo simplemente no resulta posible porque alguien debe asumir el cuidado de los hijos, y, por otro lado, tenemos un problema desde la contratación, si es que el costo de sala cuna está asociado exclusivamente a contratar un determinado número de mujeres, transformando la propia regulación en una distorsión que termina jugando en contra de aquellas a quienes originalmente pretendía proteger.

El proyecto intenta actuar sobre ambas cosas y lo hace mediante una combinación de instrumentos: regulación, ampliación de un derecho laboral y un mecanismo colectivo de financiamiento. Ahí está precisamente el rol del Estado: corregir una estructura de incentivos que el mercado, por sí solo, difícilmente va a resolver.

En una nota publicada por Diario Concepción, el director del Observatorio Laboral Biobío, Luis Méndez, señala que la fuerza de trabajo regional alcanza las 783.373 personas y que existen 105.921 mujeres fuera de ella por razones familiares permanentes, se obtiene aproximadamente un 13,5%, y desde ahí surge la estimación del potencial impacto que podría tener Sala Cuna Universal sobre la fuerza laboral regional.

El número es interesante, pero creo que requiere una lectura prudente, esas 105.921 mujeres no son necesariamente 105.921 madres que están fuera del mercado laboral porque no tienen sala cuna. La categoría «razones familiares permanentes» utilizada por las estadísticas laborales es más amplia. Incluye responsabilidades de cuidado que pueden involucrar niños, pero también adultos mayores, personas dependientes y otras situaciones familiares, incluso la misma nota habla de que muchas de estas mujeres están al cuidado de hijos preescolares o personas con discapacidad, no de todas ellas.

Por eso, más que decir que Sala Cuna Universal aumentará en 13,5% la fuerza laboral del Biobío me parece más correcto entender esa cifra como una manera de dimensionar el universo potencial sobre el cual las responsabilidades familiares están restringiendo la participación laboral.

Y existe otra consideración todavía más importante, una cosa es aumentar la posibilidad de participar en el mercado laboral y otra bastante distinta es crear empleos.

Si mañana diez mil, veinte mil o cincuenta mil mujeres adicionales estuvieran disponibles para trabajar, eso no significa automáticamente que existan diez mil, veinte mil o cincuenta mil nuevos puestos de trabajo. Para eso necesitamos empresas que estén contratando, inversión, crecimiento y una economía capaz de absorber esa mayor oferta laboral. Esto adquiere especial importancia cuando tenemos un IMACEC cayendo 1,5%, desempleo nacional de 9,5% y, en el caso de Biobío, una desocupación de 10,6%.

Pero tampoco hay que mirar el efecto solamente desde ese lado, la posible futura política pública, traería consigo un segundo impacto que me parece muy interesante y que el propio profesor Méndez menciona; si ampliamos significativamente el acceso a sala cuna, también aumentará la demanda por servicios de cuidado y educación inicial, requiriendo establecimientos, profesionales, técnicos y trabajadores. Es decir, la propia política puede generar actividad económica y demanda de empleo en el sector de cuidados.

Entonces tenemos dos movimientos que podrían producirse al mismo tiempo, personas que hoy tienen restricciones para trabajar podrían incorporarse al mercado laboral y, por otra parte, la ampliación de la cobertura podría generar una mayor demanda por trabajadores en los servicios de cuidado.

El Senado despachó el proyecto a segundo trámite constitucional el 8 de septiembre, aprobando la creación del fondo de sala cuna, la gradualidad y otros componentes, pero rechazó la fórmula que financiaba parte del sistema con recursos asociados al seguro de cesantía (AFC). El propio gobierno ha señalado que buscará reponer en la Cámara aspectos del modelo de financiamiento, por lo que no estamos hablando todavía de un diseño completamente cerrado.

En políticas públicas no basta con preguntarnos si una iniciativa persigue un objetivo correcto, si esta bien focalizado y contribuye a resolver o mitigar un problema público, también tenemos que preguntarnos cuánto cuesta, quién lo financia, qué incentivos genera, quiénes quedan cubiertos y, algo que a veces olvidamos, cuáles pueden ser sus efectos no deseados.

Si financiamos una política destinada a favorecer el empleo creando al mismo tiempo un costo laboral suficientemente alto como para desincentivar nuevas contrataciones, podríamos terminar anulando parte del efecto que buscábamos conseguir. Y si debilitamos otro mecanismo de protección social para financiarla, también tenemos que evaluar ese costo.

A mi juicio, ahí está lo interesante de Sala Cuna Universal desde una mirada de políticas públicas. El Estado no está simplemente entregando un beneficio, está intentando remover una barrera de acceso al trabajo y corregir una distorsión que la propia regulación ha mantenido durante años.

Chile necesita volver a crecer, pero también necesita que ese crecimiento genere empleo, necesitamos inversión y empresas que contraten, por supuesto, pero también necesitamos que quienes quieren trabajar realmente puedan hacerlo, y para muchas familias el cuidado sigue siendo un impedimento.

Por eso creo que vale la pena comenzar a mirar las políticas de cuidado desde una perspectiva algo más amplia, no solamente como una política social, sino también pueden convertirse en políticas de empleo y desarrollo económico.

Quizás, esa sea la discusión de fondo, no se trata solamente de quién cuida mientras alguien trabaja, se trata también de cuántas personas hoy no pueden trabajar porque alguien tiene que cuidar.