El diputado por la Región de Los Lagos, Alejandro Bernales (Partido Liberal), se sumó a la presentación de una reforma constitucional que eleva drásticamente los requisitos para activar una acusación constitucional: de las 10 firmas que se exigen hoy a un tercio de la Cámara, es decir, más de 50 diputados. La iniciativa busca evitar que esta herramienta de fiscalización sea utilizada con fines políticos o comunicacionales, resguardando su carácter excepcional dentro de nuestro sistema democrático.
La reforma no modifica el quórum necesario para aprobar la acusación en la Sala, sino el umbral de firmas requerido para que el proceso se inicie. La propuesta contempla, además, establecer mayores exigencias para quienes patrocinan una acusación constitucional, incluyendo su participación efectiva en la comisión revisora y la obligación de conocer directamente los antecedentes y argumentos de las partes involucradas.
El parlamentario del Distrito 26, quien actualmente integra la comisión encargada de analizar la acusación constitucional presentada contra el ex ministro Nicolás Grau, señaló que la experiencia adquirida durante este proceso ha puesto de manifiesto la necesidad de perfeccionar las reglas que regulan este mecanismo. A su juicio, una herramienta de esta magnitud debe estar respaldada por un compromiso real de quienes la impulsan y por estándares más exigentes que garanticen un análisis serio y responsable de los antecedentes.
«Las acusaciones constitucionales son una de las facultades fiscalizadoras más importantes que tiene el Congreso. Precisamente por esa relevancia debemos resguardar su legitimidad y evitar que se transformen en instrumentos de utilización política. Si se busca destituir a una autoridad de la República, lo mínimo exigible es que quienes promueven esa acción participen activamente del proceso y conozcan en profundidad los antecedentes», sostuvo Bernales.
El legislador agregó que la reforma apunta a fortalecer la credibilidad de las instituciones y a asegurar que las acusaciones constitucionales sean utilizadas únicamente en casos que realmente ameriten una sanción de esta naturaleza.
«Cuando este mecanismo se utiliza sin la debida rigurosidad, no solo se afecta a la autoridad acusada, sino también a la imagen del Congreso y a la confianza de la ciudadanía en nuestras instituciones. Queremos elevar los estándares y devolverle a esta herramienta el carácter excepcional y responsable que debe tener», concluyó.
