El proyecto busca reemplazar el sistema de créditos estudiantiles gestionado por la banca privada con un mecanismo público y progresivo, que ajusta los pagos de acuerdo al nivel de renta de los egresados. Con ello, se pone término a los altos niveles de endeudamiento y morosidad que han afectado a cientos de miles de familias chilenas.
De acuerdo con cifras entregadas durante la discusión, el CAE obligaba a los hogares a asumir copagos anuales de hasta $1,4 millones promedio, mientras que el nuevo instrumento asegura que estudiantes de los decilios 1 al 9 no pagarán copago, eliminando un peso que recaía directamente sobre los bolsillos familiares.
El diputado Jaime Sáez, Frente Amplio celebró la aprobación, subrayando que la medida no solo responde a una promesa de campaña, sino también a una demanda social que se arrastra por más de una década:
“Hoy comenzamos a cerrar una herida abierta. El CAE fue un negocio redondo para la banca y un desastre para las familias trabajadoras. Con el FES damos un paso hacia la justicia educativa: que nadie más tenga que hipotecar su vida para estudiar”.
La aprobación fue leída como una victoria política del Frente Amplio, pero también como un triunfo de las organizaciones sociales y de los movimientos estudiantiles que durante años denunciaron la carga del CAE. No obstante, la oposición y algunos sectores del Socialismo Democrático mantuvieron sus críticas, advirtiendo sobre la sostenibilidad fiscal y el impacto en la autonomía universitaria.
Para sus defensores, sin embargo, el proyecto constituye una de las reformas estructurales más relevantes en materia educativa desde la gratuidad, porque reordena el gasto público, elimina la intermediación bancaria y establece un sistema solidario y progresivo.
Con esta aprobación en la Cámara, el proyecto continuará su tramitación en el Senado, donde se anticipa un debate intenso, particularmente en torno al alcance del plan de condonación de deudas.
