“Sí, cometimos errores”, dijo el exgobernador regional Patricio Vallespín a mediados de 2023. Una frase liviana, que intenta cerrar el tema con un guiño de autocrítica, pero que no alcanza a cubrir ni una mínima parte de lo que realmente ocurrió.
Porque lo cierto es que cometieron errores, y mucho más que eso. Las negligencias administrativas de su gestión ya no son materia de sospechas o simples percepciones. Son hechos documentados por la misma Contraloría, la cual detectó en 2024 más de $20 mil millones en traspasos irregulares, distribuidos en 29 convenios sin toma de razón ni los controles de legalidad exigidos por ley, tal como reveló el diario El Llanquihue el día de ayer.
Cuesta no ver en todo esto un desprecio evidente por las reglas más básicas del Estado de Derecho. No estamos frente a errores menores ni a simples omisiones técnicas: lo que hubo fue desorden, opacidad y una total falta de criterios claros para distribuir recursos públicos. Se actuó sin rigor, sin procedimientos mínimos, y dejando abiertas demasiadas preguntas sobre cómo —y por qué— se eligió beneficiar a unos por sobre otros.
Más grave aún resulta la excusa presentada por Vallespín en ese entonces (para que no nos olvidemos) al ser consultado por uno de los traspasos sin toma de razón: afirmó que no estaba en el ejercicio del cargo porque se encontraba en feriado legal. Una explicación que, jurídicamente, es insostenible. La ley no establece que un gobernador regional —autoridad electa por sufragio popular— pueda suspender sus atribuciones ejecutivas por razones administrativas. Mientras dure su mandato, su responsabilidad política es permanente e indelegable, incluso durante sus vacaciones.
Y entonces, al ver nuevamente este tema que salta a colación no podemos dejar de preguntarnos el por qué de su ida a México sin retorno, raro.
Al final, el problema no es solo jurídico ni financiero ni de coyuntura política. Es también un problema moral muy triste. La función pública pierde legitimidad cuando quienes la ejercen renuncian a su ejemplo. La lucha por dignificar la política y revalorizar el servicio público parece cada día más perdida, no por falta de normativas, sino por ausencia de convicciones.
Matías Mödinger Kuschel, administrador público
