Un grupo de 20 personas de distintos Comités afectados, se reunieron con el parlamentario que integra la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja para que interceda ante el Ministerio de Vivienda, tras verse afectados con supuestos gestores del Servicio de Vivienda que le solicitaron montos de hasta 700 mil pesos para obtener soluciones habitacionales.
El modus operandi descrito contaba con todos los protocolos establecidos por el Ministerio de Vivienda e incluso informaban del interés de constructoras reconocidas, presentando planos de los futuros proyectos.
Tras conocer el caso, el diputado Héctor Ulloa lamentó el tipo de estafa, que se da ante el alto déficit habitacional existente en el país, y para lo cual el Gobierno recientemente anunció una estrategia habitacional. “Es sumamente grave, son más de 700 familias -que en principio hablamos de un monto entre 400 a 500 millones de pesos, producto de ésta estafa-, rompiendo el sueño a cientos de familias que luchan y buscan obtener la vivienda propia. Aquí, lamentablemente tenemos un caldo de cultivo y ojalá esto sea la excepción y no la regla, tenemos evidentemente un déficit habitacional y eso sin lugar a duda pueda dar espacio a múltiples personas que busquen estafar a otros comités”.
A su vez, llamó al Ejecutivo a ejercer acciones oportunas y preventivas, y confirmó el respaldo de acciones judiciales contra quienes resulten responsables. “Es importante al mismo tiempo que el Ministerio de Vivienda haga una permanente fiscalización y capacitación respecto de la fórmula legítima de obtener vivienda propia, son situaciones que debemos lamentar, pero al mismo tiempo ejercer con fuerza las acciones legales que nos correspondan por cuanto nuestras familias no pueden seguir sufriendo daños y perjuicios emocionales y además, económicos que son irreparables”, puntualizó el parlamentario.
Por su parte la abogada del equipo Parlamentario, Anahís Arauz, se refirió a la acciones que respaldan, “nosotros como oficina vamos a interponer todas las acciones legales para poder perseguir la responsabilidad penal de las personas involucradas en éste asunto, principalmente por jugar con el sueño anhelado de la vivienda propia para personas muy vulnerables y eso no lo podemos permitir aquí ni en ninguna parte del país”, sostuvo.
Las acciones judiciales serán llevadas de manera conjunta por los estudios jurídicos Alvarado y Castro y el estudio abogadas En Todas. El abogado Gabriel Castro indicó que, “Vemos con especial preocupación que hay personas vulnerables, que jugaron con el sueño de la casa propia, por lo que estaremos apoyando la causa judicial”.
En tanto, la Licenciada jurídica Leslie Vidiella confirmó que se sumarán junto a la abogada Vania Toledo, de Abogadas en Todas. “Vamos a hacer todo lo posible para poder organizar -a las familias y comités involucrados- y entregar toda la información que sea necesaria para poder trabajar en conjunto y de manera organizada”, concluyó.
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