Por distintos motivos, la realización del plebiscito que determinará si habrá una nueva Constitución en Chile ha generado importantes controversias. La última, refiere al planteamiento que hiciera el gobierno respecto a condicionar la realización del ya postergado plebiscito en función del resguardo de la seguridad sanitaria de la ciudadanía y -como motivo secundario y no complementario- respecto a la situación económica en la que estará el país producto de la lucha contra la pandemia.

Ante esto, e independiente a que en lo personal crea que una nueva Constitución es esencial y que el actual proceso constituyente es otra nefasta burla de la clase política a la ciudadanía, he de señalar que las opiniones vertidas desde La Moneda -y que explicitan su opción de postergar el plebiscito- demuestran una abrumante irresponsabilidad política al pretender instrumentalizar los efectos de la pandemia en aras de posicionar sus objetivos políticos. A saber:

En virtud del primer argumento, no cabe dudas que la situación sanitaria sí puede ser un factor clave a la hora de condicionar la realización del plebiscito. Por ejemplo, en caso de extremarse las consecuencias de la pandemia a partir de una irresponsabilidad cívica en lo que respecta al no respeto del distanciamiento social. Ante esa situación, resultaría muy lógico que el gobierno consiga en el Parlamento los dos tercios de los votos de los diputados y senadores en ejercicio que se necesitan para modificar el artículo 130 de la Constitución y por el cual se materializa el plebiscito del 25 de octubre.

Sin embargo, y en función de lo que son las mismas proyecciones que ha hecho el gobierno respecto al comportamiento de la pandemia y a la alta cualificación que ha hecho de las medidas que ha adoptado para combatirla, resulta absurdo iniciar una crisis política respecto a lo que es la potencial no realización del plebiscito basados en un pesimismo que condiciona sus propias expectativas. En ese mismo sentido, el absurdo se extrema a partir de las medidas que está implementando el gobierno en lo que respecta a establecer la “nueva normalidad”. Esto es así, ya que la visión del gobierno reflejaría que los resguardos sanitarios sólo valen para condicionar procesos democráticos que se proyectan como desfavorables y no para los procesos de reposicionamiento económico que avala y que justifican su afán por acelerar la “nueva normalidad”.

En lo que concierne al segundo factor, no hay argumento lógico que sostenga que la situación económica del país pueda condicionar la realización del plebiscito. Esto es así, ya que la materialización de la democracia y, en forma especial, la elaboración de una nueva Carta Magna son espacios de discusión que buscan corregir las situaciones sociales existentes y la proyección de éstas en el tiempo, siendo unas de las más relevantes la forma que adoptará el Estado en lo que concierne al modelo económico y el alcance que tendrán los derechos sociales.

Así entonces, argumentar la situación económica del país como factor que pudiera condicionar la realización del plebiscito no sólo es absurdo, sino también una irresponsabilidad política, especialmente si se considera que este instrumental argumento genera un conflicto político que no podrá ganar, ya que nada justifica que pueda obtener el apoyo de los dos tercios que requiere en el Parlamento para recalendarizar el plebiscito.

Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública. Universidad Austral de Chile

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