A la espera de su promulgación para entrar en vigencia se encuentra la Ley “Consultorio Seguro”, iniciativa que fue aprobada por amplia mayoría en el Congreso Nacional y que permitirá aumentar las sanciones para las personas que agreden a funcionarios públicos.

Al respecto el director del Servicio de Salud Chiloé, Germán Echeverría, valoró la premura con que los legisladores aprobaron el proyecto, señalando que es una señal potente que va no sólo en beneficio de los funcionarios de la salud, sino también de la continuidad de las atenciones, pues cuando se agrede a un trabajador de la salud, se está dejando sin atención a los otros pacientes.

Cabe recordar que esta iniciativa va de la mano con otras acciones que se están implementado y que responden al trabajo que viene realizando el Ministerio de Salud, junto con la Mesa de Seguridad Laboral, que integran los gremios de la salud, la Subsecretaria Prevención del Delito y la Asociación Chilena de Municipalidades.

A nivel provincial la instancia es coordinada por la jefa del sub departamento de calidad de vida del servicio de salud Chiloé, la trabajadora social Evelyn Gutiérrez, quien manifestó que desde enero de este año, la mesa que se encuentra integrada por el centro provincial de apoyo a víctimas, los gremios de la salud, representantes de la comunidad y departamentos provinciales de salud, periodo durante el cual han trabajado en estrategias preventivas y alianzas estratégicas que permitan brindar apoyo legal y psicológico a los funcionarios que son víctimas, contando actualmente con un protocolo de coordinación entre el centro de apoyo a victimas de delitos y el ministerio de salud.

En su visita a la provincia, el abogado del Departamento de Relaciones Laborales de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Javier Naguil Araya, llegó junto al director del servicio, Germán Echeverría Prieto a participar de la mesa de seguridad provincial, donde dio a conocer la noticia a los presentes.

En la oportunidad, el abogado explicó que esta legislación no solo endurece las penas a las personas que agreden a los funcionarios de salud, sino que permitirá complementar el trabajo que se realiza de manera preventiva, en orden a dar mayor seguridad a los funcionarios.

La iniciativa legal impone a los jefes de los establecimientos la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones, estableciendo sanciones más duras contra quienes agredan a profesionales que presten servicios en establecimientos educacionales y funcionarios de servicios de salud.

A lo anterior se suma la facultad para adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.

Entre otros, se propone aplicar una pena que puede llegar a presidio mayor en su grado medio (desde 10 años y un día a 15 años) si debido a las lesiones queda con daño severo que implica pérdida de autonomía. Presidio medio a máximo (desde 541 días a cinco años), si el funcionario presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.

El texto también señala que el agresor puede ser multado o con la pena de prestación de servicios en beneficio de la comunidad, lo último si causa lesiones leves que no se producen daño.

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