Pedro Díaz Polanco

Director de la Escuela de Administración Pública

Universidad Austral de Chile

 

Hoy es común escuchar que una de las formas más óptimas de modernizar la democracia es dar participación a la ciudadanía en todos los niveles. De esta manera, se ha planteado que la inscripción automática y el voto voluntario son medidas que van en esa dirección. Otros aducen que este tipo de medidas sólo son parches y que una verdadera participación ciudadana debe incluir la posibilidad que las personas puedan escoger de manera democrática a los representantes provinciales y regionales, generando –en consecuencia– un verdadero cambio político que ayudaría a favorecer no sólo la desconcentración del poder sino también una efectiva regionalización.

Con independencia a la discusión relativa a la factibilidad teórica-práctica de esta última situación, no ha existido en nuestra sociedad –a mi entender– una manera correcta y moderna de abordar el tema de la regionalización, situación que lamentablemente ha quedado demostrada con las ambigüedades asociadas a lo que será a la elección del gobernador regional.

En la actualidad, la temática de la regionalización se ha abordado desde una óptica que contempla la participación política como vector de desarrollo regional sin mencionar ni considerar que la verdadera discusión en temas relacionados con el regionalismo va de la mano con la necesidad de dejar en la zona los tributos de aquellas empresas que actúan en región y que generan riquezas a partir de la extracción y transformación de materias primas.

En lo personal, considero que cualquier intento por modernizar el concepto de regionalización debe comenzar por establecer como premisa que las regiones son las que enriquecen al país y en consecuencia son las que merecen un mayor nivel de desarrollo, situación que obligaría al mundo político a reorientar el enfoque con el que se trata la regionalización.

Hoy es impresentable no sólo que las grandes empresas que operan en Chile, ya sea con capitales nacionales o extranjeros, consideren que los beneficios que entregan a las regiones son más que suficientes en función de la empleabilidad que éstas generan en las zonas, sino también que los diferentes gobiernos no modifiquen el escenario tributario en aras de mejorar la situación y autonomías de las regiones.

 

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