El Fiscal Jefe de la Fiscalía Local de Puerto Montt, Marcelo Sambuceti Correa, formalizó hoy a la Directora de Aldeas SOS,  C.D.A.S., y  a I.M.P.N.,  educadora de trato directo de la misma institución,  a las que imputó un cuasidelito de homicidio, solicitando aplicar para ellas las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional, las cuales fueron decretadas por el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

               El Fiscal Sambuceti, compareció a la audiencia junto a la Fiscal Macarena Gallardo, también de la Fiscalía Regional de los Lagos y el Fiscal Jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela.

               Se trata de una causa formalizada en el denominado “Caso Sename” que indaga la muerte de niños, niñas  y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del estado en centros de administración directa o indirecta del Servicio Nacional de Menores, Sename. Esta indagatoria es dirigida a nivel nacional por el Fiscal Regional de Los Lagos, Marcos Emilfork Konow.

               Como querellante, interviene en esta causa la madre del menor fallecido. El Sename, también concurrió a la audiencia como querellante, sin embargo su participación como tal fue recusada por la querellante que representa a la madre, solicitud que fue acogida por el Tribunal.

               El caso por el que fueron imputadas ambas profesionales, corresponde a la muerte del niño L. M. L. A. de 4 años a la fecha de los hechos, ocurridos el día 29 de octubre de 2013, oportunidad el menor fue trasladado a la casa número 10 del recinto de las Aldeas S.O.S, que se ubica en calle Morro de Arica, quedando al cuidado y protección de I.M.P.N. Cerca de las 20 horas se inició un incendio en la casa donde se encontraba el menor, quién estaba sólo y encerrado, a pesar que otros menores intentaron rescatarlo nada se pudo hacer, falleciendo al interior, con más del 80% de su cuerpo quemado.

               Anteriormente, persecutores del equipo investigador del Fiscal Marcos Emilfork Konow, se constituyeron en el lugar de los hechos, interrogando a testigos y al mismo tiempo inspeccionaron la casa donde murió el menor, así como los dispositivos que mantenían las Aldeas para hacer frente a alguna emergencia que se presentara.

               En la audiencia se fijó un plazo de investigación de  90 días.

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