Por : Mario Madrid

Docente Escuela de Derecho

Universidad Santo Tomás

Puerto Montt

Vigilar y contribuir a la reinserción social es la misión de la administración penitenciaria en nuestro País. Para tales fines existe un servicio publico, en el que desarrollan función pública hombres y mujeres que vistan o no el verde boldo, despliegan esfuerzos para lograr la anhelada resocialización de quienes no adecuaron sus conductas a las expectativas normativizadas por medio de la ley penal.

 

Ese conjunto de compatriotas que deben vigilar y producir un cambio en las trayectorias delictivas de quienes están bajo su responsabilidad, conforman al Estado. El mismo que es parte de una relación de sujeción especial con aquellos privados de libertad, pues ese es el único derecho conculcado a quienes se encuentran en custodia de la administración penitenciaria, o también, según otros desarrollos doctrinarios, es quien detenta una posición de garante respecto de aquellos que están cumpliendo condena en el sistema cerrado.

 

Cualquiera sea el lugar de donde observemos, doctrinariamente, lo que ocurre en nuestras cárceles, debemos estar contestes que es el Estado el que despliega su actuar mediante la administración – Gendarmería de Chile- en pos de obtener unos resultados que se adecuen a los fines propuestos, vigilar y reinsertar socialmente. La pregunta que surge de inmediato, es si el Estado esta dando cumplimiento a ambas vertientes de su obligación. En nuestra región hemos sido testigos de muertes de internos, riñas, ingreso de elementos prohibidos y otras situaciones similares. Por los medios de prensa apreciamos las demandas de los funcionarios de Gendarmería respecto del establecimiento de una carrera funcionaria, que por cierto está garantizada constitucionalmente, que mejore las condiciones salariales, posibilite ascensos y aumente las dotaciones, tan exiguas en nuestra región y País, entre otras legítimas peticiones.

 

Este cuadro debe hacer reflexionar a la comunidad nacional, y por cierto a quienes por mandato popular deben tomar decisiones. Las que se deberían orientar a mejorar las condiciones de quienes comparten diariamente un espacio violento por esencia, la cárcel, que permita la resocialización de los penados, en términos tales que las intervenciones sicosociales tengan la densidad, oportunidad y regularidad que precisan dentro de un proceso socializador, entendamos que la cárcel des-socializa, que permita verdaderamente modificar la cognición delictiva de los hombres y mujeres condenados.

De otra parte, que posibiliten un desarrollo de carrera digno y ascendente de quienes abrazaron la noble misión de contribuir a la modificación conductual de quienes desarticularon la paz social con su actuar. La contribución de los funcionarios y funcionarias de Gendarmería es muy relevante para un eficaz resultado de las políticas públicas, en el ámbito de la seguridad publica. La convergencia de los apoyos de la empresa privada, también, es un elemento de importancia en la reinserción, pues no hay resocialización sin intervenciones socializadoras y tampoco la hay sin la posibilidad de desenvolvimiento en el mundo del trabajo.